El centralismo democrático

Opinión

El centralismo democrático
David Canela
La Habana 29-03-2012 - 11:40 am.

A pesar de ciertos cambios, el gobierno sigue percibiéndose como
'rector' de las actividades económicas y cívicas de la sociedad. ¿Qué hacer?

Raúl Castro. (AP)

Al parecer, la "actualización del modelo económico" está siendo
acompañada por una actualización del modelo estatal. En el mes de marzo,
se conoció la noticia de nuevas estructuraciones de los Organismos de la
Administración Central del Estado.

Según informó el periódico Granma, "fueron aprobadas por el Consejo de
Ministros las propuestas de perfeccionamiento de los ministerios de
Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social, así como la
transformación del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) en el
Ministerio de Energía y Minas, que desarrollará las funciones estatales
en las actividades petroleras, la energía eléctrica y la minería.
Igualmente, se aprobó la creación del Ministerio de Industrias a partir
de la fusión de [los ministerios de] las industrias Sideromecánica,
Ligera y Química, esta última anteriormente atendida por el MINBAS".

Tras estas reorganizaciones ministeriales, hay varios aspectos que deben
ser considerados. El primero —y más inmediato—, es la continuación de la
política de despidos de funcionarios públicos, la mayoría de los cuales
deberá buscar fortuna en el incipiente sector privado.

Sin embargo, lo más importante de las nuevas medidas es que confirman
que el gobierno sigue girando sobre el paradigma de un Estado cupular
que rige el fin y la dinámica de las actividades económicas y cívicas de
la sociedad. El gobierno piensa que el éxito (o sea, la modernización
del país) depende de reformas burocráticas que apenas afectan las bases
productivas del sistema (o sea, el carácter de la propiedad). Las
depuraciones burocráticas pueden optimizar la gestión empresarial, pero
no garantizan per se un estímulo al crecimiento económico, para lo cual
es necesario crear una base jurídica que permita el desarrollo de un
capital autóctono y dé confianza a las inversiones extranjeras.

Ante todo, lo que debe cambiar es el estatus indigno de ciudadanía, para
que los cubanos tanto de la Isla como de la diáspora puedan invertir de
forma transparente sobre los sectores deprimidos de la economía
nacional, sobre todo en el ámbito de los servicios. Así —y en aras de la
simplificación—, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera haría bien en llamarse simplemente Ministerio de Comercio e
Inversiones, pues los cubanos han de tener el mismo derecho (o más) a
invertir en el país que los empresarios foráneos.

Por otra aparte, hablar de comercio interno parece exagerado, ya que el
Estado, más que comerciar, lo que hace es distribuir productos a los
ciudadanos. Más que un comercio interior, los que existe es una
compraventa entre el Estado y las personas, y como el primero acapara a
través de sus empresas el comercio nacional, la mayoría de los agentes
privados (cuentapropistas y agricultores pequeños) comercian con lo poco
que pueden producir, a veces con tecnologías artesanales, y obteniendo
ganancias mínimas.

Según la perspectiva gubernamental, el problema del desarrollo económico
queda reducido a la solución de la obediencia, pues solo si las
instituciones y el pueblo resuelven "los problemas de orden, disciplina
y exigencia", se podrá avanzar... Creen las autoridades que la
persuasión ideológica será suficiente para alentar los sueños de un
progreso ya demasiado diferido. Apretando la biblia de los nuevos
lineamientos, el gobierno sigue creyéndose profeta de la iglesia del
Estado, la cual debe velar por la consciencia y la buena conducta de su
rebaño ciudadano.

Al gobierno cubano "le conviene el movimiento, pero no el cambio" (como
dice Alexis Jardines en un artículo reciente). Estas reestructuraciones
son prueba de que lo que intenta es aliviarse de un viejo lastre, al
cual le achaca parte de los fracasos del sistema, pero que ya le es
consustancial; "el centralismo burocrático", como le llama Gramsci en
sus Cuadernos de la cárcel.

Hay una relación orgánica entre el anquilosamiento de la clase dirigente
y el anquilosamiento de las estructuras del Estado, siendo el segundo un
reflejo del primero. "El predominio del centralismo burocrático en el
Estado —nos dice Gramsci— indica que el grupo dirigente está saturado y
convirtiéndose en una camarilla estrecha que tiende a perpetuar sus
mezquinos privilegios regulando o incluso sofocando el nacimiento de
fuerzas contrarias".

Pero también la sociedad civil tiene una responsabilidad evidente en la
dilación de ese letargo político, ya que "en todo caso, hay que señalar
que las manifestaciones morbosas de centralismo burocrático se han
producido por deficiencias de iniciativas y responsabilidad en la base,
o sea por el primitivismo político de las fuerzas periféricas" (Gramsci
dixit), en este caso aquellas no afiliadas al Partido Comunista.

Como se ha demostrado en varios encuentros de Estado de SATS, incluyendo
el del día 3 de marzo, el intercambio académico e intelectual (aunque
sea virtual) puede jugar un papel importante en las trasformaciones
futuras de una política que está hoy en ciernes, y coadyuvar a un
verdadero "cambio de mentalidad" que fluya hacia el paradigma
democrático, o sea, hacia el diálogo multicultural, la representatividad
política de todas las ideologías tradicionales, y la búsqueda de un
consenso en el que no queden sacrificados los derechos individuales.

Un Estado que no es capaz de reconocer a otros actores políticos, y que
funciona como una sustancia maleable en manos del gobierno, es en el
fondo un Estado débil, por mucho que la burocracia lo haga lucir gordo y
pesado. Si se manifiesta así, es gracias a su disfuncionalidad, o sea,
al divorcio entre las dinámicas microsociales y la dinámica
macropolítica. La intelectualidad emergente de la sociedad civil debe
romper la imagen del Estado como un gobierno nacional, favoreciendo los
proyectos independientes, que no son más que el cuerpo de una verdadera
autonomía popular.

De ese modo, se estimulará a que los organismos centrales del Estado
deban aprender a convivir con las organizaciones no gubernamentales
(como la Asociación Jurídica de Cuba), pues al final todos los grupos
sociales y políticos deben convenir en su respeto a la ley. Y esa ley
debe poder conjugar el reconocimiento a los derechos humanos, con la
actualización de una racionalidad histórica, que revise continuamente su
legitimidad frente a los discursos y problemas del presente.

Ese "centralismo democrático" del que habla Gramsci, basado en la
comunicación fluida entre "los impulsos de abajo con el mando de
arriba", será la mejor garantía para fundar una nueva república, en
donde las fuerzas políticas (de abajo) puedan cohesionarse, pero no
diluirse en pro de un nacionalismo. En una sociedad democrática, esas
fuerzas deben girar no tanto sobre el Estado, y mucho menos el gobierno,
sino en torno a la ley, como garante del principio de equidad.

http://www.diariodecuba.com/opinion/10325-el-centralismo-democratico