El régimen carga con una subida de la electricidad las nuevas
actividades por cuenta propia
Elías Amor
Valencia 29-10-2010 - 2:53 pm.
La Unión Eléctrica anuncia un aumento de las tarifas de hasta el 284%
para los mayores consumidores.
En un escueto comunicado del monopolio Unión Eléctrica, publicado en la
edición del diario oficial Granma este viernes, el régimen castrista
decide elevar los precios de la energía sin previo aviso.
Es una medida que llega en el peor momento; precisamente cuando se
acumulan incertidumbres y preocupaciones en amplios sectores de la
sociedad que se van a quedar sin empleo y, lo que es peor, sin capacidad
para impulsar proyectos privados. Abandonados a su suerte.
Es previsible que sean las actividades por cuenta propia las que paguen
la nueva subida. Si se tiene en cuenta que la prestación del servicio
eléctrico se realiza en régimen de monopolio, y que este tipo de
empresas no tiene problemas para trasladar los aumentos de coste al
precio del producto, la justificación oficial publicada por Granma no
tiene sentido.
Según el comunicado de la Unión Eléctrica, desde la última modificación
de la tarifa residencial en noviembre del 2005, "el precio promedio del
petróleo se incrementó de 56 a 78 dólares el barril, lo que ha provocado
un crecimiento considerable en los costos de la electricidad y en
consecuencia un aumento de los subsidios del Estado".
Es cierto que el precio del petróleo ha aumentado en los mercados
mundiales, pero no lo es menos que el petróleo que paga Cuba a
Venezuela, subvencionado, no se sitúa a los niveles de los mercados
internacionales, sino que tiene un precio muy inferior, por lo que no
tiene justificación el traslado del incremento a los consumidores
finales. ¿Es que acaso el régimen se está preparando para una
eliminación de los acuerdos ventajosos con Venezuela?
En tales condiciones, todo parece indicar que estamos ante un nuevo
instrumento recaudatorio de ingresos para el Estado, que repercutirá
directamente sobre las actividades empresariales que se vayan a crear al
amparo de las nuevas medidas. Ante la falta de transparencia del
castrismo, habrá que determinar qué parte del incremento de precio se
constituye en impuestos que recaen sobre los nuevos consumidores de
electricidad.
¿Por qué pensamos que será así? Basta observar la escala de la nueva
tarifa, publicada por Granma, para comprobar que los aumentos de precio
recaen sobre los bloques de consumo superiores a 301kw mensuales, que
sólo representan el 6% de los hogares, posiblemente allí donde se
empiecen a poner en marcha las nuevas iniciativas empresariales
(paladares, peluquerías, timbiriches, etc.), que son además los que
concentran el 14,4% del consumo total de electricidad, y que,
lógicamente, tendrán que consumir más para desarrollar sus servicios. A
partir de este nivel, los aumentos de tarifa van desde el 15% hasta un
espectacular 284%, casi un 300%, para consumos superiores a 5.000kw
mensuales.
Hacer recaer sobre el sector residencial estos aumentos de tarifa
obedece, según Granma, al ajuste realizado por el sector estatal, que ha
reducido en un 10% su consumo. La versión oficial es que el fuerte
incremento de precios busca estimular el ahorro, pero para quienes
planeen desarrollar actividades económicas en sus viviendas la subida se
sumará a la carga impositiva impuesta por el régimen a los nuevos
negocios. A la larga, esto va a significar más inflación, que pagarán
finalmente los consumidores.
Al mismo tiempo que se recaudan más ingresos a través del monopolio
eléctrico, esta medida tiene otra implicación económica mucho más
dañina, porque altera los precios relativos en la economía cubana, por
cuanto el régimen, al reducir los subsidios sobre ese 6% de hogares que
van a pagar una tarifa más elevada por la electricidad, e incrementar
fiscalmente los precios, está provocando un trasvase de renta en la
economía, con los efectos negativos que ello supone en términos de
actividad económica y eficiencia.
La aplicación de las nuevas tarifas es inmediata —a partir de la segunda
quincena de noviembre— al parecer para evitar ajustes en el
comportamiento de los afectados.
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