Fallo del Tribunal Supremo cubano favorece a abogado disidente
La demanda ha estado creando precedentes legales y políticos desde que
fue presentada en 2009, en un intento de obligar al Ministerio de
Justicia a que responda a una solicitud de registrar legalmente una
asociación de abogados independientes
Redacción CE, Madrid | 28/04/2011
El máximo tribunal de Cuba ha emitido una sentencia relativamente
positiva en una demanda sin precedente alguno presentada por un abogado
disidente contra la ministra de Justicia, diciendo que él presentó un
documento en el lugar equivocado pero permitiendo que la demanda
continúe su curso, según el abogado, informó El Nuevo Herald.
"El tribunal dio una sentencia que en general yo la consideré buena.
Desestima nuestra casación por un error de procedimiento, pero nos
permite continuar el proceso de reclamación con la ministra de
Justicia", dijo el abogado Wilfredo Vallín.
Él ya presentó el documento en el lugar debido y la ministra de Justicia
María Esther Reus González tiene ahora 45 días laborables para responder
a su reclamación, dijo el martes el abogado de 63 años por teléfono
desde La Habana.
La demanda de Vallín ha estado creando precedentes legales y políticos
desde que él la presentó en 2009, en un intento de obligar al Ministerio
de Justicia a que al menos responda a su solicitud de registrar
legalmente una asociación de abogados independientes.
Los tribunales cubanos nunca habían aceptado antes considerar una
demanda ciudadana contra un alto funcionario del Gobierno, de acuerdo
con expertos legales cubanos. Generalmente ellos desestiman esas
demandas en la primera oportunidad.
El Gobierno cubano desdeña además a todos los disidentes como
"mercenarios" y "contrarrevolucionarios" pagados por el Gobierno de EEUU
para socavar el sistema comunista de la Isla.
Pero la reclamación de Vallín ha llegado ahora hasta el Tribunal Supremo
Popular, el máximo principal de la Isla, el cual le entregó su sentencia
el 21 de abril.
La sentencia esencialmente llevó el caso al punto en que estaba en abril
del año pasado, cuando él presentó un documento en una oficina
provincial del Ministerio de Justicia, dijo Vallín. Él presentó de nuevo
el documento el 22 de noviembre en la oficina correcta, la oficina
principal del ministerio en La Habana.
"No quiero cantar victoria, pero el Tribunal Supremo Popular no cerró
esa puerta. Lo podían haber hecho, y no lo hicieron.", dijo.
Vallín demandó a Reus González tras no recibir respuesta alguna a sus
repetidas solicitudes de registrar en su ministerio a un grupo de
alrededor de 30 abogados disidentes e "independientes" quienes ofrecen
consejo legal gratis, principalmente a opositores al Gobierno.
Los abogados cubanos solamente pueden trabajar para el Gobierno o los
llamados "bufetes colectivos" controlados por este. La mayoría de ellos
tratan de evitar cualquier caso que vaya contra los intereses del
Gobierno cubano. Los medios de prensa gubernamentales nunca han hecho
reporte alguno sobre el caso.
Vallín, en su primer paso para registrar la Asociación Jurídica Cubana,
escribió en el 2009 al Registro de Asociaciones del Ministerio de
Justicia solicitando que certificara que ningún otro grupo ya registrado
estuviera usando ese nombre.
El registro jamás ha respondido cuando algún otro grupo disidente o
independiente trata de recibir reconocimiento legal, pero él decidió
presentar una demanda en base a leyes y regulaciones administrativas que
exigen al Ministerio de Justicia que dé respuesta.
Para sorpresa de Vallín, un tribunal subordinado ordenó a Reus González
que designe a abogados que la representen en el caso, y la reclamación
fue subiendo despacio pero sin detenerse por la cadena de tribunales
regulares y de apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo Popular.
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