Dos consultorías, un negocio redondo

Dos consultorías, un negocio redondo
Viernes, Junio 1, 2012 | Por Ernesto García Díaz

LA HABANA, Cuba, junio, www.cubanet.org -El régimen cubano tiene
establecido los servicios jurídicos de legalización de documentos
públicos o privados por medio de las llamadas consultorías
internacionales, pertenecientes al Ministerio de Justicia. Esas
entidades los presentan al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex),
que los certifica, autentica y legaliza.

Existen consultorías en las capitales provinciales. En La Habana hay dos
oficinas: una en Miramar, que tramita y cobra sus servicios en pesos
convertibles, ya sea para cubanos o extranjeros; y otra en el Vedado,
que presta su asistencia a los nacionales, sin que intervenga pago en
efectivo, pero gravada con sellos del timbre por valores de hasta siete
dólares.

Esas oficinas evalúan los documentos que les presentan, al objeto de
determinar si reúnen los requisitos para ser legalizados en el Minrex.
Sin embargo, la prestación de estos servicios se ha convertido en un
prolongado proceso de verificación, dirigido a comprobar la legitimidad
del documento, entre los dos organismos del sistema totalitario cubano.

Fuera de la capital del país, los trámites demoran más de dos meses. En
La Habana, tiempo atrás, duraban diez días, como máximo. Ahora se
dilatan 27 días hábiles, o sea, cerca de seis semanas. Pero el usuario
recibe una advertencia: Es mejor que venga diez días después de la fecha
indicada. Nada menos que siete semanas para un oficio tan sencillo.

La historia no termina ahí. Frente al centro consultor del Vedado
brindan igual servicio en sólo 24 horas, a un costo de 80 dólares,
previo pago de la mitad del costo del trámite. Este jugoso negocio no
requiere divulgación ni carteles. Te lo pregonan desde 30 metros antes
de llegar al centro estatal, sin que se observe competencia entre ambos
prestatarios. Más bien parecen las dos caras de una misma moneda.

Lo más sugerente y preocupante es que, sin mostrar identificación
alguna, los "promotores" privados, con buena presencia y formados al
parecer en una exquisita escuela de agentes de trámites, te venden dicho
servicio con la misma seguridad jurídica que los que brinda el Estado.
Ellos también venden sellos timbrados en ambas monedas, sin que tengas
que agobiarte para encontrar un correo o banco en los que se adquieren
los mismos.

En mi condición de cliente del servidor público, aprecié que esta
irregularidad no es perturbada por inspectores ni policías, y el centro
consultor se desentiende de ello, lo que permite un ambiente de total
tranquilidad para ambos servidores, que al parecer se conocen y se
tratan respetuosamente.

Las evidencias son amplias: El pasado 3 de marzo, presenté varios
documentos para su legalización, debía recogerlos el 18 de abril. A base
de quejas e irritación, logré que me entregaran una parte el 27 de ese
mes, y la otra, el 3 de mayo.

Como padecí en carne propia el servicio del Estado, los "promotores" me
alertaron para que, en próximas ocasiones, acudiera a ellos.

Horrorizado y maltratado por la dilatación de los trámites, al que
cientos de personas estamos sometidos diariamente, me personé el 24 de
abril en la dirección de la Consultoría y en la de Legalizaciones del
Minrex.

En la primera entidad hablé con el director, quien me dijo que las
demoras son responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y
que los "promotores" no son trabajadores de su entidad, además de ser
pocos confiables. Agregó que para quejarme debía ir a la Consultoría de
Playa, donde está su dirección superior. O sea, a pesar del maltrato
sufrido, no podía ni siquiera quejarme allí. Tenía que probar suerte a 6
kilómetros, ante otro burócrata.

En el Minrex, conocí al ex cónsul de Cuba en Panamá, que me interpeló al
oír mi relato a la recepcionista y me explicó que no se sabe cuántos
funcionarios del área de legalizaciones han sido expulsados por
corrupción. Dijo que canalizaría personalmente mi queja.

El diplomático me recomendó dirigirme a la Dirección de Legalizaciones.
Personado allí, fui interceptado por un funcionario al que le relaté los
percances y la posible morada de los "promotores" donde recepcionan y
entregan los documentos legalizados. Apenas me creyó. Le pedí que me
comunicara con el director de su oficina, pero me alegó, sin consultar
al respecto, que éste no me podía atender. Tampoco aceptó que le
presentara un escrito. Sólo me instó a acudir la semana siguiente.

Al parecer, no quieren que se conozca lo que está pasando, y los propios
directivos no toman medidas para evitar el desprestigio que afecta a las
dos instituciones públicas, lo cual he corroborado más tarde, cuando
pasé a recoger otros documentos, que había presentado el 26 de marzo, y
pude observar la continuidad del redondo negocio.

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