Abogados y activistas denuncian ante la Fiscalía 'detenciones arbitrarias' y abusos de la Policía y la Seguridad

Represión

Abogados y activistas denuncian ante la Fiscalía 'detenciones
arbitrarias' y abusos de la Policía y la Seguridad
DDC
La Habana 28-09-2012 - 6:09 pm.

Piden que se imponga a los responsables 'correcciones disciplinarias por
los perjuicios que han ocasionado'.

Varios abogados y el director de un proyecto independiente presentaron
este viernes por la mañana a la Fiscalía General de la República una
denuncia fundamentada legalmente que recoge "numerosas detenciones
arbitrarias", algunas incluso "violentas", ocurridas en la Isla entre 24
de julio y el 24 de septiembre.

Los arrestos, realizados por la Seguridad del Estado y la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR), buscaban impedir a ciudadanos "ejercer su
legítimo derecho a asociarse, reunirse, manifestarse y expresarse
libremente", dicen en el texto los abogados Laritza Diversent Cámbara,
Yaremis Flores Marín, Bárbara Estrabao Bichili y Veizant Boloy González;
el presidente de la Asociación Jurídica Cubana, Wilfredo Vallín Almeida,
y el director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio
González-Rodiles Fernández.

Los autores detallan violaciones a la Constitución y las leyes cubanas
cometidas por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, y piden a
la Fiscalía que se pronuncie sobre los hechos e imponga a los
responsables "correcciones disciplinarias por los perjuicios que han
ocasionado".

Los denunciantes dicen ampararse en el Artículo 63 de la Constitución de
la República, según el cual "todo ciudadano tiene derecho a dirigir
quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o
respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley", y en el
Artículo 26, que reconoce que "toda persona que sufriere daño o
perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado
con motivo del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tiene
derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o
indemnización".

El documento, enumera varias detenciones. Entre ellas, las sufridas "con
violencia" por Rodiles, el disidente Guillermo Fariñas Hernández, la
integrante de Estado de Sats Ailer González Mena y el periodista
independiente Julio Antonio Aleaga Pesant el 24 de julio, cuando
intentaron acompañar el cortejo fúnebre del líder opositor Oswaldo Payá.

Asimismo, el arresto de varios miembros de la opositora Unión Patriótica
de Cuba (UNPACU) el 23 de agosto, en fuertes operativos policiales
realizados principalmente en Santiago de Cuba.

En esa provincia, fue apresado en su casa, a las 6:00 de la mañana, el
líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, junto a otros miembros de su
organización, como Arsenio Rafael Molina Leyva, Franklin Peregrín del
Toro, Samuel Leblanc, Guillermo Cobas Reyes y Anyer Antonio Blanco.

"En la vivienda de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo Ramírez, el
registro comenzó a las 6 de la mañana mientras dormían. Se personaron 15
hombres vestidos de policía, 10 mujeres también uniformadas y una
persona vestida de civil, presentaron un documento pero no dejaron que
nadie lo leyera y entraron por la fuerza", indican los autores de la
denuncia.

"Una oficial de Menores golpeó a la menor Martha Beatriz Ferrer
Cantillo, de 14 años, hija de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo
Ramírez, que refiere que ya es la segunda ocasión que la maltrata
físicamente la agente actuante. Le quería hacer un cacheo corporal
porque la menor tenía un teléfono escondido, para quitárselo se le
abalanzaron 10 mujeres uniformadas, la golpearon hasta casi dejarla sin
aire mientras pedía auxilio", añaden.

El texto entregado a la Fiscalía recoge también la detención "violenta y
arbitraria", el 1 de septiembre, del escritor y bloguero Orlando Luis
Parto Lazo, junto a su novia Silvia Corbelle Batista, "sin explicar el
motivo (…) ni lugar" al que serían enviados.

Por otra parte, el arresto, el 16 de septiembre, del periodista Calixto
Ramón Martínez Arias de la agencia independiente Hablemos Press,
"mientras investigaba sobre varias toneladas de medicamentos y equipos
médicos que se echaron a perder en el Aeropuerto Internacional José
Martí, para realizar un reportaje".

Martínez Arias, quien a finales de junio destapó la existencia de una
epidemia de cólera en Granma y ha publicado múltiples reportes sobre la
propagación del dengue, aún permanece detenido y las autoridades le
acusan de "desacato" a Fidel Castro.

El documento resalta que, en el momento del arresto, la policía estuvo
"más de una hora chequeando (…) su carnet de identidad" en el que consta
una dirección de Camagüey.

"El Decreto No. 217 'De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de
la Habana', unido a más de 17 disposiciones complementarias, restringe
la libertad de circulación a cubanos residentes en otras provincias y
les exige solicitar permiso para residir en la capital, a autoridades
administrativas, que deciden discrecionalmente. Su aplicación viola el
derecho de igualdad, no discriminación, trabajo y educación", critican
los autores del texto.

"La aplicación de las restricciones a la libertad de circulación
prevista en el Decreto No. 217, entra en conflicto con la libertad
personal protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos", advierten.

Señalan, por otra parte, que el abogado Veizant Boloy González y el
director de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, fueron detenidos en
una estación policial Santiago de las Vegas, La Habana, al preguntar por
la situación de Martínez Arias.

Según la denuncia, la Policía dijo que el arresto de Boloy y Guerra fue
ordenado por la Dirección General de Contrainteligencia de la Seguridad
del Estado (conocida por la CI), que "no es un órgano facultado por la
Ley de Procedimiento Penal para detener a ninguna persona".

Además, cambió varias veces el supuesto motivo de la detención, no
permitió a los activistas realizar una llamada, aunque la solicitaron, y
luego negó que la hubieran pedido.

"Aunque los detenidos no pidan llamar a sus familiares, la Policía está
en la obligación de facilitar la comunicación entre el detenido con sus
familiares, acorde a la Ley de Procedimiento Penal", dicen los denunciantes.

Detallan gestiones de las abogadas Laritza Diversent y Yaremis Flores
ante la Policía y la Seguridad del Estado para conocer el paradero de
Boloy y Guerera, y las respuestas evasivas o destinadas a desinformar de
las autoridades.

De acuerdo con el texto, Boloy fue interrogado durante hora y media por
agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con
encarcelarle "por cualquier delito" si volvía a presentarse en una
estación policial interesándose por algún detenido, o aplicarle la Ley
No. 88, conocida como Ley Mordaza, uno de los principales instrumento
utilizados para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003.

Estos y otros casos recogidos en la denuncia constituyen "una violación"
de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dicen los
autores del documento.

La Constitución vigente establece en su Artículo 58 que "la libertad e
inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen
en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos,
en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o
preso es inviolable en su integridad personal", recuerdan, y añaden que
"igual garantía" establece la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, según
la cual "nadie puede ser detenido sino en los casos y con las
formalidades que las leyes prescriben".

La denuncia incluye los nombres de muchos de los oficiales de la Policía
y la Seguridad del Estado que habrían cometido violaciones.

Según informó a DIARIO DE CUBA el director de Estado de Sats, el
documento fue recibido por la Fiscalía.

Denuncia a la Fiscalía General de la República en PDF:
http://www.diariodecuba.com/sites/default/files/pdf/Denuncia%20a%20la%20Fiscali%CC%81a%20General%20de%20la%20Repu%CC%81blica.pdf

http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/13236-abogados-y-activistas-denuncian-ante-la-fiscalia-detenciones-arbitrarias-y-ab