27-08-2010.
Elías Amor Bravo
Economista ULC
(www.miscelaneasdecuba.net).- Ayer fue la producción de leche, y hoy la
de carne de cerdo. No pasa un solo día sin que Granma dedique algún
artículo a analizar las difíciles circunstancias en que se desenvuelve
la actividad económica en la Isla y los "éxitos" que se van produciendo
en determinadas zonas.
Estos artículos, situados entre la propaganda del régimen y la crítica
velada al funcionamiento del sistema económico, están arrojando
informaciones muy valiosas para realizar un análisis objetivo de los
problemas internos de lo que hemos denominado, en alguna ocasión, el
"círculo vicioso de la economía cubana".
Hay un punto de partida fundamental en todo este análisis: el sistema de
producción agropecuario en Cuba es incapaz de alimentar a toda la
población. Este penoso resultado es consecuencia de los cambios
introducidos al comienzo de la revolución en la estructura de la
propiedad existente en la Isla, cuando las autoridades decidieron los
robos y confiscaciones de no sólo de los grandes propietarios de
explotaciones agrarias, sino también de la compleja y extensa red de
pequeños y medianos agricultores independientes, cuya eficiencia y
productividad permitía suministrar todo tipo de productos a los mercados
en condiciones de cantidad y calidad aceptables.
Al concentrar prácticamente toda la tierra en manos del Estado, y
otorgar la capacidad de decisión sobre qué, cómo y para quién producir a
un cuerpo de burócratas con una obsesión enfermiza por destruir
cualquier vestigio de la economía de mercado, se estaba creando un
sistema productivo ineficiente, poco competitivo, alejado de la realidad
y sometido a las prioridades políticas de cada momento del tiempo. De la
abundancia a la escasez.
Los cubanos observaban cómo desaparecían de los mercados los principales
productos, y la libreta de racionamiento empobrecía la dieta
alimenticia, sin solución alguna por parte de unas autoridades
implicadas más en consignas, en estadísticas vacías de contenido, que en
atender a la demanda real de la población.
Las reformas que se introdujeron con el paso de los años han arrojado
una maraña de siglas UBPs, CCS, de relativa implantación y que, a la
larga, han sido, con diferencia, las que mejores resultados han
ofrecido, en comparación con las granjas estatales y la que explota
directamente el ejército, convertidas en focos de ineficiencia y torpeza
de gestión.
Más tarde, el abandono de tierras tras el cierre decretado por Fidel
Castro del sector azucarero en 2002, supuso la llegada y expansión del
marabú al campo cubano, de modo que, en los últimos años, las graves
carestías de alimentos en la Isla han obligado al gobierno a realizar
compras de cereales y carne a los productores de Estados Unidos, un
ejemplo más de la debilidad del argumento político del embargo.
En estas estamos, cuando Raúl Castro anuncia hace dos años la reforma
consistente en entregar tierras a los que quieran producir en el campo.
Se trata de "entregas", no de derechos de propiedad, para poner en
cultivo tierras abandonadas por la desidia del Estado, y que exigen una
gran cantidad de trabajo fijo previo a las cosechas, y medios de
producción que difícilmente se consiguen en la Isla, si no es dentro de
los canales de comercialización de la economía informal. La reforma ha
quedado en eso, y su viabilidad no llegará muy lejos.
Todo lo anterior está muy bien, pero el fondo de la cuestión del fracaso
del sistema va mucho más allá de la concentración de la propiedad en
manos del Estado y la ausencia de economía de mercado. Basta prestar
atención a lo que existe en Cuba para comprender el sentido del pésimo
funcionamiento del modelo.
Los agricultores, tanto estatales, como semiprivados que producen en la
Isla tienen un compromiso de venta con el único que puede comerciar sus
producciones en Cuba, que es el Estado. Este paga unos precios
previamente acordados que, como puede imaginar el lector, no se
corresponden con el juego libre de oferta y demanda, sino con otros
condicionantes políticos de cada momento. Ese "comprador universal" de
producciones agropecuarias es el responsable de que las mismas lleguen a
los puestos de distribución, si atendemos a que en Cuba el régimen de
distribución comercial no se puede equiparar al que existe en otros
países occidentales.
Es cierto que en los últimos meses se han autorizado a determinados
productores, sobre todo de bienes perecederos, la comercialización
directa, pero se trata de casos muy puntuales y de escaso impacto en el
conjunto de bienes que componen la dieta básica.
La concentración de la distribución en manos del Estado está en el
origen del embargo interno de la economía cubana y su incapacidad para
mejorar la competitividad y productividad. ¿Existe alguna razón que
justifique este monopolio político de distribución? ¿No sería más
eficiente contar con empresas de distribución comercial que mejorasen la
comercialización en el canal largo y corto, sobre todo el minorista?
¿Qué ideología absurda impide a los cubanos poder elegir libremente lo
que quieren consumir, en qué cantidad y cómo?
Mientras que el Estado decida sobre el destino de la actividad
productiva en el campo, seguirá existiendo ineficiencia en Cuba,
racionamiento y escasez. Hay que tener valentía para poner encima de la
mesa el fracaso del modelo, y apostar por una reforma en profundidad que
permita en Cuba a los mayoristas y minoristas ejercer libremente su
actividad, con el cumplimiento de unas normas de ordenación básicas, y
poco más.
El castrismo debería haberse percatado desde hace tiempo que el Estado
no debe actuar de comerciante, ni de comprador o distribuidor. Este
papel es mucho más eficiente si se desempeña por la empresa privada. Que
hagan la prueba y verán cómo se acaba la escasez en Cuba, además de
aumentar la creación de empleo estable y la mejora general del
funcionamiento de la economía del país, superando ese embargo interno y
el "círculo vicioso" que la ata.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=29587
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